Por Monti Aguirre
Directora para América Latina de International Rivers.
La Central Hidroeléctrica Rucalhue es un proyecto energético de 90 MW en el tramo medio del Río Biobío en Chile, actualmente se encuentra en construcción a pesar de años de resistencia comunitaria, serias preocupaciones sobre derechos indígenas y fluviales, y la creciente influencia de intereses estratégicos chinos y estadounidenses sobre la energía y minerales de América Latina. En torno a este conflicto, nuevas herramientas y propuestas como las reservas de caudal, declaraciones de derechos de ríos y una ley de protección de ríos están emergiendo desde lugares como el Queuco, afluente del Río Biobío, y los ríos Puelo y Futaleufú en la Patagonia, ofreciendo una visión muy diferente de cómo deberían gobernarse los ríos.
Rucalhue: una nueva represa en un río exhausto
El Río Biobío ha simbolizado por mucho tiempo tanto el poder como los costos del modelo de desarrollo hidroeléctrico chileno. Durante siglos fue un río mayormente de flujo libre, ahora está fuertemente fragmentado por grandes represas como Ralco, Pangue, Angostura y Palmucho, que han alterado los flujos, inundado territorios pehuenches y transformado ecosistemas completos. A esta cuenca ya exhausta llega Rucalhue.
Rucalhue está siendo desarrollada por Rucalhue Energía SpA y es controlada por China International Water and Electric (CWE), filial de la estatal China Communications Construction Company (CCCC). Si se completa, se convertiría en el quinto proyecto hidroeléctrico en el Biobío, añadiendo una barrera más a un río que ya ha sido tratado más como un corredor energético que como un ecosistema con valor intrínseco y significado cultural.
El proyecto recibió su principal aprobación ambiental en 2016, pero su camino ha sido controvertido desde el principio. En 2020, la empresa introdujo cambios de diseño, incluyendo nuevas carreteras de acceso y una zona de seguridad, que fueron permitidos sin una nueva evaluación completa de impacto ambiental —una decisión fuertemente criticada por comunidades y organizaciones que argumentan que esto evadió una revisión adecuada de los impactos acumulativos en una cuenca ya saturada de represas. En octubre de 2023, la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) declaró a Rucalhue como proyecto de interés nacional, un paso crucial que habilitó un plan especial de manejo forestal permitiendo la tala de especies nativas vulnerables como el guindo santo y naranjillo a cambio de plantación compensatoria y medidas de protección de hábitat. En junio de 2024, la empresa firmó un contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), y en agosto de 2024 la construcción comenzó formalmente, con un plazo estimado de 40 meses que podría ver al proyecto operativo hacia finales de esta década.
Los defensores de Rucalhue argumentan que el proyecto contribuirá a las metas climáticas de Chile para 2030 y 2050 al añadir electricidad no fósil a la red y mejorar la seguridad energética en un contexto de demanda creciente. Desde una perspectiva estrecha de contabilidad de carbono, una planta hidroeléctrica de 90 MW puede ayudar a desplazar algo de generación térmica. Sin embargo, este encuadre ignora la saturación de la cuenca por represas, la disponibilidad de opciones renovables menos destructivas, la profundización de la concentración de riesgos climáticos, y el hecho de que las vías de descarbonización no requieren sacrificar los últimos tramos libres de ríos ya fragmentados. La pregunta no es simplemente hidroeléctricas o combustibles fósiles, sino qué mezcla de renovables, eficiencia e inversiones en transmisión puede cumplir las metas climáticas sin profundizar injusticias históricas y daños ecológicos en lugares como el Biobío.
Derechos indígenas, resistencia comunitaria y escalada del conflicto
Para entender la profundidad de la oposición a Rucalhue, es importante recordar la historia del Biobío y sus Pueblos Indígenas. En la cuenca alta y media, comunidades mapuche-pehuenche han resistido represas durante décadas, particularmente durante la construcción de Ralco y Pangue, que llevaron a relocalizaciones forzadas, pérdida de sitios sagrados y un conflicto social perdurable. En 2004, después de años de lucha, el Estado chileno firmó un acuerdo de solución amistosa con familias Pehuenche ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese acuerdo, el Estado se comprometió a abstenerse de autorizar nuevos grandes proyectos de infraestructura, especialmente represas hidroeléctricas, en territorios indígenas definidos en el Alto Biobío, reconociendo los graves daños causados por proyectos anteriores.
Hoy existe debate sobre cuán lejos se extienden esas protecciones río abajo y cómo interpretar el alcance geográfico exacto del acuerdo. Expertos en derechos humanos, incluyendo el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, argumentan que autorizar Rucalhue viola al menos el espíritu, y posiblemente los términos, de ese acuerdo, porque continúa un patrón de imponer grandes proyectos hidroeléctricos en tierras y aguas mapuche-pehuenche sin pleno respeto a sus derechos y autodeterminación. Incluso donde los límites legales son debatidos, la obligación subyacente es clara: no repetir los daños que dieron origen al acuerdo en primer lugar.
La oposición local a Rucalhue data de al menos 2013 y ha tomado múltiples formas. Residentes y organizaciones comunitarias han organizado protestas, presentado quejas e impulsado consultas; en una consulta municipal en Quilaco en 2021, una abrumadora mayoría de participantes rechazó el proyecto, enviando un mensaje claro de que la represa carecía de licencia social local. Las acciones en terreno han incluido bloqueos de carreteras y ocupaciones de los sitios del proyecto para detener los trabajos y atraer atención nacional al conflicto.
La respuesta institucional ha combinado procesos burocráticos lentos con medidas de seguridad duras. Las comunidades reportan desalojos policiales repetidos, criminalización de activistas jóvenes y presencia de fuerzas de seguridad privada, contribuyendo al miedo, fatiga y fragmentación entre los residentes. En abril de 2025, el conflicto tomó un giro más oscuro cuando individuos armados atacaron el sitio de construcción, quemando vehículos y equipo, en un incidente ampliamente cubierto por la prensa y vinculado a tensiones más amplias y militarización en territorios mapuche en el sur de Chile.
Flujos ambientales, centrales “de pasada” y el significado de Reserva de Caudal
En documentos oficiales, Rucalhue se describe como una central “de pasada” con medidas de mitigación y planes de compensación. Técnicamente, las centrales de pasada difieren de las grandes represas de almacenamiento como Ralco. Las centrales de pasada típicamente crean embalses más pequeños y tienen menor huella de gases de efecto invernadero. Esto ha llevado a la idea errónea de que las centrales de pasada son de bajo impacto. Rucalhue, por su parte, se suma a cuatro proyectos mayores que ya han alterado los flujos, el transporte de sedimentos y la conectividad ecológica. En una cuenca tan fragmentada, un proyecto como Rucalhue puede cruzar umbrales ecológicos y culturales clave, especialmente cuando los efectos acumulativos son pobremente evaluados y los estándares de flujo mínimo son tratados como una casilla de verificación más que como una herramienta seria de protección de la cuenca.
En la ley de aguas chilena, el concepto de Reserva de Caudal (reserva de agua o flujo) es un mecanismo legal que permite al Estado apartar parte del flujo de un río para propósitos específicos, restringiendo efectivamente la concesión de nuevos derechos de agua consuntivos. Tras la reforma del Código de Aguas de 2022, esta herramienta ha evolucionado hacia un instrumento poderoso para la preservación ecosistémica y protección de usos locales, sacando legalmente agua de la mesa para asegurar las necesidades de los ecosistemas y la población. Sin embargo, debido a que estas reservas se establecen por decreto presidencial, permanecen vulnerables a reversión administrativa, destacando la necesidad de protecciones estatutarias aún más fuertes, como una ley nacional de protección de ríos para asegurar que estas salvaguardas no puedan ser fácilmente deshechas.
Aunque las reservas de caudal no son una solución mágica, abordan una tensión crítica en un país propenso a sequías: reservar agua para los ecosistemas a menudo es percibido erróneamente como una amenaza al riego o agua potable. En realidad, como se ve en las cuencas del Futaleufú y Puelo, estas reservas están calibradas para salvaguardar flujos clave mientras se integran con la planificación de la cuenca y medidas de adaptación climática. Al proteger los flujos base y patrones estacionales, estas reservas realmente fortalecen la seguridad hídrica a largo plazo, manteniendo la recarga de acuíferos y la calidad del agua, en vez de sacrificar estas funciones esenciales por nuevos proyectos extractivos de alto impacto.
Vale notar que en la propia China, las ideas de flujo ambiental y protección de ríos han avanzado significativamente en las últimas dos décadas. Las políticas nacionales ahora usan estándares de flujo ecológico, topes estrictos de uso de agua e instrumentos de zonificación integrados como el marco “Tres Líneas, Un Permiso”, y leyes como la Ley de Protección del Río Yangtsé fortalecen explícitamente los requisitos ecológicos para hidroeléctricas y otros usos de ríos. Sin embargo, las empresas estatales chinas que invierten en el extranjero, incluyendo proyectos como Rucalhue, operan bajo las reglas del país anfitrión que a menudo son más débiles o fragmentadas que los marcos que están surgiendo dentro de China, y han sido asociadas con represas que dependen de números mínimos de flujo y análisis limitado de impacto acumulativo en América Latina y otros lugares.
Este contraste subraya por qué Chile no puede simplemente confiar en mejores prácticas extranjeras para proteger los ríos; herramientas robustas como las reservas de caudal, marcos de derechos de ríos y una fuerte ley de protección de ríos deben ser definidas y ejecutadas por la sociedad chilena para asegurar flujos ambientales significativos en cuencas como el Biobío. Vista desde esta perspectiva, Rucalhue se ha convertido en un caso de prueba para determinar si Chile pasará del cumplimiento mínimo y de condiciones estrechas de flujo mínimo en represas individuales, hacia algo más cercano a un enfoque genuino de reserva de caudal en cuencas fuertemente impactadas. La pregunta es si el Estado continuará aprobando nuevos proyectos basados en flujos mínimos técnicos, o adoptará protecciones a nivel de cuenca que reserven los tramos libres restantes y flujos para propósitos ecológicos y culturales.
Río Queuco: construyendo una Reserva de Caudal desde abajo
Justo río arriba, uno de los últimos afluentes libres del Biobío cuenta una historia diferente. El Río Queuco, en el Alto Biobío, permanece mayormente de flujo libre y es central para la vida, cultura y espiritualidad de las comunidades pehuenches locales. Una coalición que incluye a ONG Defensa Ambiental, Maben Leubü, Earth Law Center e International Rivers, junto con comunidades locales, está trabajando para asegurar una reserva de caudal formal para el Queuco que mantenga sus aguas fuera del alcance de futuros grandes proyectos hidroeléctricos o extractivos.
Esta iniciativa busca usar herramientas legales existentes de manera nueva, combinándolas con conceptos emergentes como los derechos de los ríos. Bajo una reserva de caudal para el Queuco, parte de los flujos del río serían legalmente reservados para función ecosistémica y usos comunitarios, previniendo nuevos derechos de agua consuntivos que podrían habilitar represas, desvíos o extracción intensiva. El objetivo no es solo mantener al Queuco de flujo libre, sino también afirmar la relación pehuenche con el río y reconocer al Queuco como entidad viva con valor propio.
La Coalición enmarca el trabajo del Queuco como parte de una estrategia más amplia de derechos de ríos en Chile, ligada a la Declaración de Derechos del Río Biobío y propuestas de tutoría de ríos donde representantes comunitarios, organizaciones y autoridades comparten responsabilidad por la protección del río. Si se logra la reserva de caudal para el Queuco, se convertiría en un poderoso ejemplo de cómo las comunidades y sus aliados pueden usar instrumentos legales para proteger un río libre en una cuenca dominada de otra forma por represas.
Futaleufú y Puelo: primeras reservas de agua ecológicas de Chile
La campaña por el Queuco se fortalece con precedentes recientes en el sur de Chile. Tras años de trabajo de incidencia por organizaciones locales, incluyendo Futaleufú Riverkeeper y Ríos Protegidos, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas (DGA) declararon las primeras reservas de aguas para preservación ecosistémica en las cuencas de los ríos Futaleufú y Puelo. Estas medidas establecen flujos reservados mensuales en ambos ríos con el propósito explícito de salvaguardar la biodiversidad y evitar la asignación de nuevos grandes derechos de agua que podrían facilitar represas u otros usos intensivos.
En el caso del Futaleufú, este paso se construye sobre una larga campaña contra grandes proyectos hidroeléctricos y la decisión de Endesa en 2016 de renunciar a mayores derechos de agua en el río tras presión local e internacional sostenida. Según Futaleufú Riverkeeper, las nuevas reservas de caudal están diseñadas para mantener el río de flujo libre, asegurar agua para las comunidades locales y la naturaleza, y crear un amortiguador legal contra futuros proyectos que amenacen su integridad ecológica y valor recreativo. Los decretos aún deben implementarse completamente, pero marcan un cambio importante. Por primera vez, el Estado chileno está reservando flujos de ríos específicamente para preservación ecosistémica, no sólo para usos extractivos o energéticos.
Al apuntar al Futaleufú y Puelo, se hace más claro que Chile puede elegir proteger ríos clave reservando sus flujos, en vez de esperar que los conflictos exploten en torno a cada nueva propuesta de represa.
Protección de ríos y una ley para los ríos de Chile
A nivel nacional, la sociedad civil chilena está impulsando un cambio en las reglas del juego. Organizaciones agrupadas en la coalición Ríos Protegidos han estado promoviendo una ley nacional de protección de ríos, ya en discusión en el Congreso, que crearía mecanismos vinculantes para designar y salvaguardar ríos de alto valor ecológico y cultural. En este sentido, el Artículo 4 del proyecto de ley, sobre prohibiciones y limitaciones, es clave, ya que solo permite actividades de uso sostenible en el área de un río protegido, según la definición en el N° 32 del Artículo 3 de la Ley 21.600, y prohíbe actividades que afecten significativamente los diferentes niveles de conectividad del río, la cantidad y calidad de sus aguas, o la integridad de sus riberas.
Comentarios legales sobre desarrollos ambientales recientes en Chile enfatizan que las aguas interiores aún carecen de protección adecuada y que instrumentos como una ley de protección de ríos, combinados con herramientas como las reservas de caudal y declaraciones de derechos de ríos, podrían llenar ese vacío si se implementan con suficiente ambición y recursos. Para los defensores, el punto es pasar de un modelo reactivo, luchando en contra de represas una por una después de que son propuestas, hacia un modelo proactivo que designe ciertos ríos como “fuera de límites” para nueva gran infraestructura, al igual que los parques nacionales restringen ciertos tipos de explotación en tierra.
Encrucijada para el Biobío y más allá
Tomados en conjunto, la construcción de la represa Rucalhue, por un lado, y las innovaciones en el Queuco, Futaleufú, Puelo y la ley de protección de ríos, por el otro, representan dos caminos muy diferentes. Un camino profundiza el modelo que nos dio un Biobío fuertemente represado: priorizar proyectos energéticos justificados por narrativas de desarrollo nacional y transición energética global, incluso cuando descansan en interpretaciones legales controvertidas, debilitan los derechos indígenas y empujan a los ecosistemas más allá de sus límites. El otro camino escala herramientas como las reservas de caudal, declaraciones de derechos de ríos y protección legal robusta para ríos de flujo libre, reconociéndolos como sujetos de cuidado y como infraestructura ecológica y cultural crítica por derecho propio.
Rucalhue muestra lo que está en juego cuando las decisiones se toman dentro del viejo paradigma —una nueva represa en un río ya exhausto, impulsada adelante en nombre de la seguridad y el desarrollo, incluso mientras las comunidades locales y expertos internacionales advierten de violaciones de derechos y daño irreversible. El Queuco, Futaleufú y Puelo muestran que otro enfoque es posible: uno que reserva agua para la vida, no solo para kilovatios, y que usa la ley para mantener a los ríos libres, verdaderamente libres.
Para Chile, y para muchos países en América Latina, el desafío es claro. En los próximos años, la región estará bajo intensa presión para suministrar energía y minerales para la transición global alejándose de los combustibles fósiles. La pregunta es si esta transición repetirá viejos patrones extractivos, o si será usada como oportunidad para reconocer a los ríos como seres vivos, respetando los derechos indígenas y comunitarios, y rediseñando la gobernanza hídrica para que las reservas de caudal, leyes de protección de ríos y marcos de derechos de ríos estén en el centro en vez de en los márgenes.
Esa elección se escribirá, literalmente, en los flujos y futuros de ríos como el Biobío.