La Comunidad Agrícola de Totoral ingresó un Recurso de Invalidación contra la aprobación ambiental del megaproyecto portuario Copiaport-E, iniciativa que busca instalar infraestructura industrial en Punta Cachos, sector de Bahía Salado, en la Región de Atacama.
La zona es reconocida por su alto valor ecológico, al concentrar una de las últimas praderas de pasto marino Zostera chilensis existentes en Chile, además de una colonia residente de tortuga verde. El área también funciona como sitio de nidificación de aves como el pingüino de Humboldt, yeco y piquero, y forma parte de las rutas migratorias de ballena fin, delfines nariz de botella y orcas.
El Recurso sostiene que la evaluación ambiental del proyecto presenta “omisiones y falencias graves”, especialmente en la identificación de los impactos reales sobre ecosistemas altamente sensibles. La organización plantea que la aprobación carece de rigor técnico y jurídico, y que no cumple con los estándares mínimos exigidos por la normativa ambiental para este tipo de iniciativas de gran escala.
Los antecedentes expuestos enfatizan que Copiaport-E podría intervenir uno de los sistemas costeros más valiosos del norte chico, caracterizado por bosques de macroalgas y praderas de pastos marinos clasificadas En Peligro. Su relevancia ecológica se sostiene en la presencia de especies amenazadas como la tortuga verde (Chelonia mydas), cuya colonia en Bahía Chascos es la más austral del Pacífico suroriental, y el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), que utiliza el sector como área de alimentación, descanso y reproducción.
La instalación de un puerto de gran escala en este territorio implicaría riesgos significativos: aumento del tráfico marítimo con potencial de colisiones, incremento del ruido submarino que interfiere en la orientación de mamíferos y tortugas, contaminación lumínica, cambios en los patrones de sedimentación y posibles derrames que afectarían directamente a colonias reproductivas.
El Recurso también cuestiona la exclusión de diversas comunidades y población indígena del proceso de consulta, lo que impediría evaluar adecuadamente los impactos sobre prácticas culturales y usos tradicionales del borde costero. Esta omisión, advierten, desconoce la relación histórica de las comunidades diaguitas con el territorio.
Con la presentación del recurso se abre una etapa administrativa donde los organismos del Estado deberán revisar los puntos críticos del proyecto, proceso que podría extenderse entre seis meses y un año. Si la aprobación se mantiene el conflicto podría escalar a los Tribunales Ambientales, donde la legalidad de la resolución volvería a evaluarse. Una eventual fase judicial podría prolongarse por cerca de un año adicional.
Cynthia Escares, bióloga marina de ONG Defensa Ambiental que acompaña la causa, explica que “Bahía Chascos es un laboratorio natural de interacciones ecológicas únicas: aquí, la tortuga verde encuentra su límite austral de alimentación y el pingüino de Humboldt utiliza islotes y roqueríos para reproducirse y descansar”. Añade que la evaluación del proyecto “no consideró adecuadamente los efectos de la infraestructura portuaria ni de la planta desaladora, lo que podría traducirse en la pérdida de hábitats esenciales y la ruptura de tramas tróficas que sostienen la productividad del ecosistema costero del norte chico”.
Desde la Comunidad Agrícola de Totoral, su presidente Henry Saldaño Alfaro advierte que “este territorio es un espacio de conservación vital, hogar de diversas especies. Las comunidades organizadas se oponen al proyecto que podría destruir esta riqueza biológica. Es uno de los pocos lugares prístinos que quedan, y las autoridades han tomado decisiones sin entender su importancia ecológica”.
El conflicto por Copiaport-E vuelve a poner en el centro la tensión entre proyectos industriales de gran escala y la conservación de ecosistemas únicos. Mientras las comunidades y especialistas insisten en la necesidad de una evaluación rigurosa y acorde a la sensibilidad ambiental del territorio, el proceso administrativo recién iniciado será clave para determinar si el megaproyecto cumple con la normativa ambiental vigente o deberá ser revaluado en instancias superiores. El futuro de Punta Cachos, uno de los últimos refugios costeros prístinos del norte chico, dependerá de las decisiones que adopte la institucionalidad en los próximos meses.