El Comité de Ministros decidió rechazar el Recurso de Reclamación presentado por la comunidad de San Vicente Bajo, comuna de El Carmen, Región de Ñuble, representada por ONG Defensa Ambiental, respecto al proyecto Embalse Zapallar. Sin embargo, la instancia ministerial admitió importantes falencias en la evaluación ambiental del proyecto.
Entre los componentes afectados, el Comité reconoció deficiencias significativas en la flora y vegetación, la fauna y los ecosistemas acuáticos. En lugar de someter el proyecto a una nueva evaluación, optó por imponer “condiciones adicionales” para intentar mitigar los impactos.
Entre las medidas que se implementarán, se incluyen la compensación de especies no consideradas en la evaluación original, como pitra, temu y laurel, la creación de hábitats para el pato cortacorrientes, la habilitación de zonas de reclutamiento y alevinaje para peces y anfibios, y un aumento de la exigencia de sobrevivencia al rescate de fauna íctica al 80%.
Para ONG Defensa Ambiental, estas acciones no constituyen simples correcciones. Son modificaciones sustanciales al proyecto, que afectan aspectos ambientales relevantes y que no fueron parte de la evaluación original ni del proceso de participación ciudadana. La ciudadanía no fue informada y nunca pudo opinar sobre los efectos de estas modificaciones.
El Embalse Zapallar amenaza con expropiar y desplazar a familias y emprendimientos turísticos, destruir más de 8.000 árboles, incluyendo especies protegidas como guindo santo y ciprés de la cordillera, bloquear el paso de peces nativos como la carmelita y el tollo, y afectar 24 sitios arqueológicos, entre ellos la Silla del Indio.
En resumen, el Comité de Ministros reconoce los errores del proyecto, pero en lugar de detenerlo o someterlo a una evaluación rigurosa, decide “ajustarlo” sobre la marcha, fuera del proceso formal de Evaluación Ambiental, vulnerando la participación ciudadana y dejando en evidencia que el Embalse Zapallar no fue correctamente evaluado.