La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío emitió una Resolución de Calificación Ambiental favorable para el proyecto minero de Aclara Resources. Organizaciones y comunidades anunciaron que recurrirán a las instancias administrativas y judiciales contempladas en la legislación ambiental.
La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío otorgó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto de minería de tierras raras que Aclara Resources busca desarrollar en la comuna de Penco. La decisión marca un nuevo hito en una tramitación que se extendió por varios años y que estuvo marcada por observaciones técnicas, cuestionamientos ciudadanos y oposición de organizaciones socioambientales.
Con la emisión de la RCA favorable, el proyecto minero avanza hacia una nueva fase administrativa. Sin embargo, organizaciones y comunidades del territorio sostienen que la aprobación no pone fin al conflicto existente en Penco-Lirquén ni al debate sobre los impactos ambientales asociados a la extracción de tierras raras.
Las tierras raras son minerales estratégicos para diversas industrias tecnológicas y militares, cuya demanda ha aumentado en el contexto de la disputa geopolítica internacional por el control de recursos considerados críticos para la transición tecnológica y energética.
Desde las organizaciones que han seguido el proceso de evaluación ambiental advierten que el proyecto representa riesgos para las fuentes de agua, los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades del Gran Concepción, por lo que anunciaron la presentación de recursos legales para impugnar la resolución.
De acuerdo con la normativa vigente, las comunidades y organizaciones cuentan con un plazo de 30 días hábiles administrativos desde la publicación de la RCA, es decir hasta el 5 de agosto, para presentar recursos de reclamación e iniciar nuevas acciones destinadas a revisar la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la interposición de recursos de reclamación por una insuficiente consideración de las observaciones ciudadanas y un recurso de invalidación. Estas acciones se desarrollarán inicialmente en una etapa administrativa y continuarán ante los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.