Acción judicial busca anular la Resolución de Calificación Ambiental del megaproyecto urbano que pretende emplazarse en el fundo Quirilluca, en la comuna de Puchuncaví. Los reclamantes sostienen que durante la evaluación ambiental no se abordaron adecuadamente impactos sobre la salud de las personas, los recursos hídricos, la biodiversidad, los servicios básicos y la participación ciudadana.
Organizaciones sociales, vecinos y vecinas de la comuna de Puchuncaví, junto a la ONG Defensa Ambiental, presentaron ante el Segundo Tribunal Ambiental una reclamación judicial para impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto inmobiliario Maratué, iniciativa que busca desarrollar un megaproyecto urbano en el fundo Quirilluca y que podría albergar a más de 55 mil habitantes.
La acción judicial se presenta luego de que el Comité de Ministros rechazara una de las reclamaciones administrativas relacionadas con observaciones formuladas durante el proceso de Participación Ciudadana. Con ello, las comunidades quedaron habilitadas para recurrir a los Tribunales Ambientales y solicitar una revisión de la legalidad del proceso de evaluación ambiental.
La reclamación forma parte de una estrategia legal que busca dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto, argumentando que diversos impactos ambientales y sociales no fueron debidamente evaluados ni abordados durante la tramitación.
Un conflicto de larga data
La controversia en torno a Maratué se remonta a 2017, cuando ingresó su Estudio de Impacto Ambiental. Tras una primera aprobación en 2019, el proyecto fue revocado en 2021 gracias a acciones impulsadas por organizaciones ciudadanas, lo que obligó a retrotraer la evaluación ambiental. Posteriormente se desarrolló un nuevo proceso de evaluación entre 2022 y 2024, culminando nuevamente con la aprobación del proyecto.
Las organizaciones reclamantes sostienen que la evaluación ambiental presenta deficiencias significativas en materias relacionadas con la salud de las personas, los recursos naturales renovables, el medio humano, el patrimonio cultural y la participación ciudadana.
Temas sensibles no resueltos
Entre los principales argumentos se encuentran los riesgos para la salud derivados de la exposición a contaminantes atmosféricos provenientes del Complejo Industrial Ventanas y la presencia de altas concentraciones de arsénico en los suelos donde se pretende construir el proyecto. Según los reclamantes, la remoción masiva de tierras podría volver a poner en suspensión estos contaminantes, generando riesgos para las personas que habiten el sector.
Asimismo, se cuestiona la evaluación de los impactos sobre los recursos hídricos, los humedales presentes en el predio, las aguas subterráneas y diversas especies de flora y fauna protegidas, entre ellas el Belloto del Norte, el chungungo y el piquero. También se plantea que las medidas de compensación propuestas serían insuficientes para resguardar el valor ecológico de los acantilados y del fundo Quirilluca.
Otro de los aspectos abordados en la reclamación dice relación con los impactos sobre el medio humano. Las organizaciones advierten que la llegada de una población equivalente a una nueva ciudad podría generar una fuerte presión sobre servicios básicos ya tensionados, como el abastecimiento de agua potable, el tratamiento de aguas servidas, la salud, la educación, la seguridad y la gestión de residuos.
La acción judicial también cuestiona la falta de una nueva instancia de Participación Ciudadana durante el segundo proceso de evaluación ambiental. Según los reclamantes, las modificaciones incorporadas al proyecto entre 2022 y 2024 debieron haber sido sometidas a una Participación Ciudadana extraordinaria, permitiendo a la comunidad pronunciarse sobre los cambios introducidos.
Ricardo Frez, abogado de ONG Defensa Ambiental, explicó que la reclamación busca revisar integralmente la legalidad de la aprobación ambiental del proyecto: “Lo que se busca es anular la resolución de calificación ambiental, evidenciar que el proceso de evaluación ambiental tuvo ilegalidades, incumplimientos en flora, fauna, medio humano, riesgo de la salud de las personas, valor ambiental, áreas protegidas, etcétera. Todo en el contexto de que estamos impugnando la evaluación ambiental del proyecto de desarrollo urbano más grande de Chile y que, probablemente, alguna vez haya entrado a evaluación ambiental. Esto es prácticamente homologable a una ciudad privada que se estaría construyendo, con más de 55 mil personas que podrían llegar a vivir a la comuna de Puchuncaví”, señaló.
Desde la Agrupación Salvemos Quirilluca, Mario Rubiño manifestó su confianza en que los antecedentes sean analizados por la justicia ambiental: “Estamos bastante expectantes de los recursos judiciales que en estos momentos se están presentando ante el Tribunal Ambiental ya que consideramos que las observaciones que nosotros planteamos en vía administrativa no fueron consideradas por las autoridades políticas y creemos que, en la justicia, a través de los jueces, van a tener mejor cabida. Principalmente lo que tiene que ver con el arsénico en el suelo, el tema hídrico, el tema sanitario, que es muy complejo también, y obviamente el tema de la biodiversidad, que es única, y que estamos haciendo todos estos esfuerzos precisamente para protegerla”.
Por su parte, Luna Violeta, vocera de Salvemos Quirilluca, enfatizó la importancia de que las comunidades sean consideradas en las decisiones sobre el territorio: “Luego de años de estar en este proceso, esperamos que se ponga en el centro a las comunidades de Quintero y Puchuncaví. Tenemos derecho a un desarrollo responsable y a la protección de nuestro patrimonio natural. Ya conocemos las consecuencias de las decisiones que no consideran adecuadamente los impactos ambientales. Por eso creemos que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien y resguardar un ecosistema tan valioso como Quirilluca, que es uno de los últimos espacios que nos quedan para poder respirar aire limpio”.
Qué se viene
Tras el ingreso de la reclamación, el Segundo Tribunal Ambiental deberá pronunciarse sobre su admisibilidad. Posteriormente se abrirá la etapa de respuestas por parte de los organismos involucrados, se realizará una audiencia y, finalmente, el Tribunal dictará sentencia. Las organizaciones anticipan que, dada la relevancia del caso, la controversia podría continuar posteriormente ante la Corte Suprema.