La acción fue desarrollada en el paso fronterizo de Ollagüe con participación de autoridades regionales, fiscalizadores del MOP, carabineros y representantes de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe. La medida busca fortalecer el resguardo de los salares altoandinos frente al transporte de sustancias potencialmente contaminantes.
Como un importante avance para la protección de los salares altoandinos, este viernes se realizó una fiscalización de camiones de carga en el paso fronterizo de Ollagüe, en la Región de Antofagasta. La actividad constituye una de las primeras acciones concretas que se desarrollan tras la presentación del Protocolo de Circulación Controlada en Salares Altoandinos, iniciativa impulsada por la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe junto a la Alianza Humedales Andinos.
El operativo contó con la participación de la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, la directiva de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, Carabineros de Chile y fiscalizadores del Ministerio de Transportes, quienes realizaron controles a vehículos de carga provenientes de Bolivia con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la prevención de riesgos ambientales en un territorio de alta fragilidad ecológica.
La fiscalización representa un paso relevante hacia la implementación de las medidas propuestas en el Protocolo de Circulación Controlada en Salares Altoandinos, documento elaborado desde el conocimiento y la experiencia territorial de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe para enfrentar los riesgos asociados al tránsito de sustancias potencialmente contaminantes por los salares altoandinos.
Hace algunas semanas, el Protocolo fue presentado durante una sesión del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa, instancia que reunió a la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, seremis, alcaldes y representantes de las comunidades indígenas del territorio. En esa oportunidad, las autoridades conocieron la propuesta comunitaria orientada a fortalecer la coordinación institucional, la fiscalización y la respuesta ante eventuales emergencias ambientales.
La realización de este operativo evidencia que el trabajo colaborativo entre comunidades e instituciones públicas comienza a traducirse en acciones concretas para proteger los ecosistemas altoandinos. Asimismo, reafirma la importancia de incorporar el conocimiento y las propuestas de las comunidades indígenas en la gestión y resguardo de territorios estratégicos para la biodiversidad, las fuentes de agua y las formas de vida que dependen de estos ecosistemas.