Organizaciones y personas afectadas recurrieron a la justicia para advertir graves falencias en la Evaluación Ambiental del proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas.
Vecinas y vecinos de la Región de Ñuble, junto a organizaciones del territorio, ingresaron un recurso ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para impugnar la decisión que rechazó la solicitud de invalidación del proyecto Embalse Zapallar, iniciativa que —según acusan— amenaza ecosistemas, actividades locales y formas de vida en la cuenca del río Diguillín.
El proyecto Embalse Zapallar, cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas, contempla la construcción de un muro de 100 metros de altura en la angostura del valle del río Diguillín, denominada Zapallar, en las comunas de Pinto y El Carmen, abarcando una superficie de más de 375 hectáreas.
Frente a su avance, comunidades locales y organizaciones decidieron acudir a la justicia ambiental, argumentando que la autoridad ambiental excluyó arbitrariamente a afectados directos y organizaciones sociales del proceso, lo que —afirman— vulnera su derecho a participar y a defender su entorno.
El recurso fue presentado por la ONG Defensa Ambiental, en representación de personas afectadas, y busca dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble que rechazó la solicitud de invalidación de la aprobación ambiental del embalse.
Entre los principales cuestionamientos, se señala que la evaluación del proyecto se realizó de forma fragmentada, impidiendo una comprensión integral de sus impactos sobre los ecosistemas y las comunidades. A esto se suman deficiencias en la línea de base, particularmente en los componentes de flora, fauna, hongos y ecosistemas acuáticos.
Asimismo, se acusa que no se evaluaron adecuadamente actividades propias del territorio, como el turismo y la vida comunitaria, omitiendo incluso la presencia de campings dentro del área de influencia del proyecto.
Las comunidades también manifiestan preocupación por la incertidumbre que enfrentan numerosas familias ante posibles procesos de expropiación y desplazamiento, en un contexto donde el plan de reasentamiento no asegura condiciones claras ni justas para las personas afectadas.
Otro de los puntos cuestionados es la incorporación de medidas tardías por parte de las autoridades para corregir deficiencias del proyecto, lo que, a juicio de las comunidades, pone en duda la solidez del proceso de evaluación.
En este escenario, sostienen que la resolución que permitió la continuidad del proyecto es arbitraria y no garantiza la protección efectiva del medio ambiente ni de sus derechos.
El caso será ahora revisado por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, instancia que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la decisión administrativa y los cuestionamientos levantados por las comunidades del territorio.