La iniciativa contempla una línea de transmisión de 407 kilómetros entre el Maule y Biobío, y ha sido cuestionada por los efectos que generaría sobre ecosistemas, actividades productivas y formas de vida locales, así como por la falta de una evaluación integral de sus impactos acumulativos relacionados con otras iniciativas extractivas que se proyectan para estas regiones, tanto energéticas como vinculadas a la minería de tierras raras.
La ONG Defensa Ambiental y comunidades afectadas por el proyecto de transmisión eléctrica Itahue-Hualqui presentaron este miércoles 30 de septiembre una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental para solicitar la revisión de la decisión que mantuvo vigente la aprobación ambiental del proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui, luego del rechazo del recurso administrativo de invalidación.
Con esta acción se inició una nueva etapa en la judicialización del proyecto, luego de que el Comité de Ministros resolviera mantener su aprobación ambiental. La reclamación cuestiona aspectos de forma y de fondo de la decisión adoptada durante el procedimiento de evaluación ambiental.
La iniciativa, presentada por el consorcio español CELEO Redes, a través de su empresa Mataquito Transmisora de Energía, contempla una línea de 407 kilómetros entre el Maule y Biobío, con posibles efectos sobre los ecosistemas y la calidad de vida de habitantes de 20 comunas. Expertos han advertido vacíos técnicos en la evaluación ambiental y riesgos acumulativos asociados a la concentración de infraestructura eléctrica.
Los argumentos
Entre los principales argumentos presentados ante el Tribunal se encuentra la falta de fundamentación técnica para revertir los pronunciamientos desfavorables de organismos sectoriales, particularmente aquellos formulados por CONAF y otros organismos con competencia ambiental.
La acción también cuestiona las deficiencias de la línea de base en materia de flora y vegetación, incluyendo la caracterización de especies en categoría de conservación, ecosistemas críticos y bosque nativo remanente en sectores próximos al área de amortiguación e influencia del Parque Nacional Nonguén.
En materia de fauna, se señala que la evaluación ambiental no habría considerado adecuadamente la pérdida y fragmentación de hábitats, los impactos acústicos asociados a las líneas de transmisión y los riesgos de colisión y electrocución para aves migratorias, rapaces y especies amenazadas o endémicas.
La reclamación también aborda deficiencias relacionadas con recursos hídricos y suelos, particularmente por la construcción de torres, caminos e instalaciones en sectores de ladera, junto con los posibles efectos de erosión y arrastre de sedimentos y la afectación de humedales, vegas y cursos de agua.
Consulta indígena y participación ciudadana
Otro de los ejes de la acción judicial es la falta de consulta indígena, en relación con los efectos que el proyecto tendría sobre territorios ancestrales, sitios de significación cultural y ceremonial, espacios de recolección de lawen y prácticas tradicionales de comunidades y asociaciones indígenas de las comunas involucradas.
Asimismo, se cuestiona la evaluación de los impactos sobre los sistemas de vida y costumbres de las comunidades locales, considerando actividades agrícolas, apícolas, ganaderas y de subsistencia, además de aspectos como la división de terrenos, pérdida de valor predial, ruido, contaminación electromagnética y riesgos asociados a incendios forestales.
Para Mariola Quevedo, vecina de Maqueuto Sur, la instalación de las torres representa una amenaza para un territorio donde se desarrollan actividades agrícolas, apícolas y ganaderas.
“Defendiendo mi territorio, defendiendo mi naturaleza y los animales silvestres de Maqueuto Sur, donde quieren instalar doce hectáreas de torres produciendo un gran daño al ecosistema, un impacto ambiental. Nuestro entorno es apícola, agrícola y ganadero. Todos mis vecinos y mi familia no queremos este tipo de torres de transmisión eléctrica, debido a su alto impacto a nuestro ecosistema y su entorno natural”.
A ello se suma el cuestionamiento a los procesos de participación ciudadana, respecto de los cuales se alega la exclusión de organizaciones comunitarias e indígenas y la insuficiencia de las instancias desarrolladas durante la evaluación ambiental.
Para Macarena Lagos, integrante de la agrupación Toconey No Se Toca, de la región del Maule, recurrir a tribunales responde a la necesidad de continuar defendiendo el territorio frente a los efectos negativos que la comunidad atribuye al proyecto.
“Como comunidad de Toconey estamos defendiendo nuestro territorio. Aquí nacieron nuestros abuelos, aquí crecimos y aquí queremos que crezcan nuestros hijos. Es por eso que nos hacemos parte de este recurso”.
Lagos agregó que, durante la presentación del proyecto, la propia empresa habría reconocido que la iniciativa no generaría beneficios para la localidad.
“Cuando vino la empresa, sus representantes reconocieron que este proyecto no traería ningún beneficio a nuestra localidad. Ninguno. Es por esta razón que asumimos este desafío y llegaremos hasta el final. Porque rendirse no es una opción. Es entregar nuestro territorio en bandeja. Es abrir la puerta a todo lo que pueda venir asociado a él y a otros megaproyectos que quieran instalarse”.
Impactos acumulativos y relación con otros proyectos
La reclamación también plantea cuestionamientos respecto del fraccionamiento y la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos.
En particular, se argumenta que determinadas obras del proyecto, como la Subestación Las Delicias, podrían cumplir una función habilitante para otras iniciativas energéticas que se desarrollan o proyectan en el territorio, entre ellas el Parque Eólico Quirihue Poniente.
Desde esta perspectiva, la acción sostiene que la evaluación debió considerar de manera integral los efectos que podrían producirse por la concurrencia de distintas iniciativas, incluyendo ruido, tránsito pesado, sombra intermitente y transformación de sectores rurales vinculados actualmente a actividades agrícolas y ganaderas.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Francisco Astorga, señaló que la presentación ante el Tribunal Ambiental constituye el siguiente paso luego del rechazo del recurso administrativo.
“Dado el rechazo de nuestro recurso de invalidación por parte del Comité de Ministros, vamos a recurrir ante el Tribunal Ambiental para que sea éste quien acoja los Recursos de Invalidación y Reclamación de Observaciones Ciudadanas.”
Dos procesos judiciales continuarán en paralelo
La nueva reclamación se suma a los recursos derivados de las observaciones ciudadanas que ya se encuentran en tramitación ante el Segundo Tribunal Ambiental.
Ambos procedimientos tienen orígenes y fundamentos distintos: mientras la nueva acción busca impugnar la decisión del Comité de Ministros respecto del recurso de invalidación, las reclamaciones de observaciones ciudadanas se relacionan con cuestionamientos formulados durante el proceso de participación ciudadana.
Tras la presentación de la nueva reclamación, el Tribunal deberá resolver su admisibilidad y continuar con la revisión de ambos procesos. De acuerdo con la tramitación prevista, los alegatos correspondientes a ambas causas serán conocidos conjuntamente en una misma audiencia, en la fecha que determine el Tribunal, instancia que será transmitida públicamente.
De esta manera, la aprobación ambiental del proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui continúa siendo discutida ante la justicia ambiental, mientras las comunidades y la ONG Defensa Ambiental mantienen las acciones destinadas a cuestionar su legalidad y los impactos que atribuyen a su ejecución en los territorios involucrados.