La ONG Defensa Ambiental anunció que impugnará la decisión una vez que sea notificada la resolución oficial. Paralelamente, continúan en tramitación los recursos por observaciones ciudadanas presentados ante el Segundo Tribunal Ambiental.
La acción judicial podrá presentarse una vez que se dicte y notifique la resolución que formaliza el acuerdo adoptado por el Comité. Desde ese momento comenzará a correr un plazo de 30 días hábiles para interponer la reclamación ante la justicia ambiental, con el objetivo de revertir la decisión y solicitar la nulidad de la RCA del proyecto de transmisión eléctrica Itahue-Hualqui.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Francisco Astorga, explicó que el pronunciamiento del Comité de Ministros se refiere exclusivamente al procedimiento de invalidación impulsado por las organizaciones y no afecta las demás acciones judiciales que actualmente siguen su curso.
«La decisión que adoptó el Comité de Ministros deberá ser materializada mediante una resolución formal y, una vez que ésta sea dictada, se abrirá el plazo de 30 días hábiles administrativos para recurrir ante el Tribunal Ambiental e impugnar una decisión que estimamos ilegal. Apenas ello ocurra, presentaremos la reclamación para buscar que se revierta esta decisión y, en definitiva, se anule la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Itahue-Hualqui», señaló Astorga.
El abogado precisó además que los recursos de reclamación derivados del proceso de participación ciudadana continúan siendo revisados por el Segundo Tribunal Ambiental y mantienen una tramitación independiente del procedimiento de invalidación resuelto por el Comité de Ministros.
En ese sentido, indicó que, una vez ingresada la nueva reclamación, el Tribunal continuará con la revisión de ambos procesos. Aunque corresponden a distintos recursos, los alegatos serán conocidos de manera conjunta en la fecha que determine el Tribunal, de acuerdo con su programación.
Desde la ONG Defensa Ambiental reiteraron que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para cuestionar la legalidad de la aprobación ambiental del proyecto Itahue-Hualqui y resguardar los derechos de las comunidades y territorios afectados.