Defensa Ambiental

Acción judicial busca anular la aprobación ambiental de GNL Penco-Lirquén

Un Recurso de Reclamación interpuesto ante el Tercer Tribunal Ambiental por la ONG Defensa Ambiental, en representación de diversas organizaciones del territorio, busca detener el avance de este controvertido proyecto.

El proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) Penco Lirquén, que ha enfrentado una fuerte oposición desde sus inicios en 2014, se encuentra en una nueva etapa crucial. La ONG Defensa Ambiental ha interpuesto un recurso de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, cuestionando la aprobación ambiental otorgada al proyecto.

Tras el rechazo inicial de su recurso por parte del Comité de Ministros, diferentes organizaciones del territorio se organizaron para apelar judicialmente a esta decisión, argumentando que la evaluación ambiental del proyecto es deficiente y no considera adecuadamente los impactos ambientales y sociales.

Francisco Astorga, abogado de la ONG Defensa Ambiental, comentó el desarrollo de dicha evaluación: “El proyecto no evalúa correctamente el impacto en la vida acuática y genera estrés en la comunidad. La consulta indígena fue mal gestionada, las medidas de mitigación son inadecuadas, y no se cumple la normativa de seguridad internacional que exige 5 kilómetros de distancia de zonas pobladas”, agregó.

Principales argumentos del Recurso:

  • Impacto ambiental grave: El proyecto no ha evaluado correctamente los efectos en la vida marina de la bahía, poniendo en riesgo especies y ecosistemas. Además, se han omitido los impactos en el suelo submarino y en la calidad del aire.
  • Afectación a la comunidad: La construcción y operación de la planta de GNL generará un alto nivel de estrés en la población local, sin que el proyecto haya considerado medidas adecuadas para mitigar este impacto.
  • Proceso de consulta indígena deficiente: La organización denuncia que el proceso de consulta a las comunidades indígenas afectadas no cumplió con los estándares internacionales, lo que vulnera sus derechos.
  • Falta de medidas de seguridad: El proyecto no cumple con las normas internacionales de seguridad, ya que las instalaciones de GNL estarían ubicadas a menos de 2,5 kilómetros de zonas pobladas, lo que representa un riesgo significativo para la población.

El proceso legal aún tiene un largo recorrido. Se espera que los alegatos se inicien en aproximadamente seis meses, y la resolución del tribunal podría tardar un año adicional. En caso de un nuevo revés, la ONG podría recurrir a la Corte Suprema.

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